El gobierno español PROHIBE a sus ciudadanos manifestarse en cotra de lo que no puede calificarse de otro modo mas que un golpe de estado al dinamitar las instituciones democráticas anulando la división de poderes y otorgando a organizaciones privadas y con fines exclusivamente lucrativo el poder de dictar sentencia contra los ciudadanos que no acaten su dictado saltandose por completo las instituciones judiciales.